Como es de público conocimiento, el desarrollo de operativos llevados a cabo entre el 24 y el 27 de febrero en Bogotá, Neiva, Ibagué, Puerto Triunfo y Villavicencio dio como resultado la captura de 3 personas naturales, representantes legales de empresas de vigilancia, extinción del derecho de dominio a 8 inmuebles avaluados en más de 1.800 millones de pesos y la incautación de más de 100 armas de fuego, desmantelando así un entramado que utilizaba a las empresas como fachada para realizar acciones delictivas.

¿Qué sigue en este proceso?

Por parte de la Sociedad de Activos Especiales SAE se materializan las medidas cautelares sobre los bienes, cumpliendo el proceso en el marco de la legalidad y garantizando, mediante la administración de estos bienes, que el patrimonio afectado por el crimen organizado sea aprovechado para el beneficio del país.

“La SAE reafirma su compromiso con la administración transparente y eficiente de los bienes vinculados a actividades ilícitas. Estos activos serán manejados con total apego a la ley, en procura de la conservación de empleos y orientados a su eventual monetización en beneficio del Estado y la ciudadanía”, afirmó Amelia Pérez Parra, presidenta de la Sociedad de Activos Especiales.

En el caso de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y ya en firme la captura de las personas naturales, representantes legales, la entidad inició el proceso sancionatorio contra las personas jurídicas Seguridad Sara Ltda, Pretorian Security Ltda y Seguridad Securbel Ltda en aras de tomar las decisiones administrativas correspondientes y ejemplarizantes.

Por su parte la Superintendente de Vigilancia, Yenniffer Parra Moscoso menciona: “Conforme con la directriz del señor Presidente Gustavo Petro seguimos adelantando acciones contundentes que aportan significativamente a la seguridad del país”.

Este procedimiento se enmarca dentro de un esfuerzo interinstitucional por desarticular estructuras criminales que se han infiltrado en diferentes espacios de nuestra economía utilizando empresas como fachadas para actividades ilícitas.