En el marco del memorando de entendimiento suscrito de manera reciente entre la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Superintendencia de Industria y Comercio, se han iniciado una serie de acciones conjuntas dirigidas a monitorear y vigilar el cumplimiento de la normativa del sector de la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada.  Principalmente, las relacionadas con la calidad de la prestación de estos servicios, así como la garantía del libre acceso de los agentes económicos que los prestan.

En este sentido, la Supervigilancia se encuentra haciendo un monitoreo constante para garantizar la existencia de buenas prácticas en el sector y el respeto del régimen tarifario, velando porque los servicios prestados se traduzcan en la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios de estas empresas. De otra parte, la SIC se encuentra realizando una vigilancia permanente a los procesos de contratación pública relacionados con la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, con el fin de verificar que en estos procesos se garanticen los principios de libre competencia económica, selección objetiva y transparencia, consagrados en el régimen de competencia colombiano y en el estatuto de contratación. Adicionalmente, hacen un llamado a todas las entidades a garantizar el cumplimiento de los principios que gobiernan de la contratación pública y particularmente los relacionados con el régimen de libre competencia.

Las acciones ejecutadas por las superintendencias están dirigidas a que en los distintos escenarios de contratación público o privado, se garantice la participación abierta y plural de las distintas empresas habilitadas para prestar los servicios de vigilancia y seguridad privada, generando un mercado más competitivo que se traduzca en igualdad de oportunidades para los agentes económicos y en servicios de mayor calidad a los usuarios destinatarios de estos.

Como ha insistido el señor Presidente en recientes declaraciones, como cabeza del Ejecutivo, existe un deber de las autoridades involucradas en la inspección, vigilancia y control de los distintos sectores económicos de procurar que los servicios se presten dentro del marco de la legalidad teniendo como horizonte el interés general y la realización universal de los derechos de la ciudadanía.