La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad  Privada y la Unidad Nacional de Protección (UNP) acordaron este lunes sumar esfuerzos y capacidades para hacer más eficaces los parámetros de evaluación, aprobación y trámite de solicitudes de  licencias de funcionamiento y acreditación de personal operativo en empresas de vigilancia y seguridad privada y de departamentos de seguridad.

Así quedó establecido tras la reunión efectuada entre Yenniffer Parra, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, y Augusto Rodríguez, director de la UNP.

El acuerdo responde a las directrices del presidente Gustavo Petro para tener mayor control del Estado sobre este sector, vulnerable a la incidencia de organizaciones criminales.

"Es importante esta labor conjunta con la UNP para evitar que empresas de seguridad y departamentos de seguridad puedan ser  utilizados para servir al crimen organizado", indicó Yenniffer Parra, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada.

Así, el acuerdo con la UNP comenzará con una reunión entre los equipos jurídicos y técnicos de la Delegada de Operaciones de la Superintendencia, para establecer los criterios que permitan evaluar y ponderar el nivel de riesgo de los solicitantes y, en especial, los permisos de escoltas y uso de armamento.

La Superintendencia ejerce inspección, vigilancia y control a la industria de la vigilancia y seguridad privada que hoy asciende a 1.355 empresas de vigilancia y departamentos de seguridad, que aglutinan 351.118 trabajadores operativos.