Para impedir mal uso de armas, se implementó protocolo interinstitucional que unifica y estandariza procedimiento de bloqueo operativo, custodia preventiva y seguimiento administrativo a las que estén involucradas en procesos sancionatorios.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha articulado con diferentes autoridades para garantizar en las regiones acciones en empresas del sector.

El Ministerio de Defensa Nacional empezó a implementar una serie de medidas y protocolos para reforzar la inspección y manejo de las empresas del sector de vigilancia.

Estas acciones corresponden a las directrices impartidas por el presidente Gustavo Petro para reforzar el control sobre las diferentes armas de fuego que se encuentran en poder del sector de la vigilancia privada.

En coordinación con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Departamento de Control, Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE) de las Fuerzas Militares, se diseñó e implementó una estrategia integral orientada a fortalecer el control sobre las armas de fuego legales autorizadas a las diferentes empresas de vigilancia y seguridad privada en Colombia.

El objetivo es evitar las desviaciones en el uso y empleo del armamento que se les ha asignado a estas empresas. De igual manera, se están fortaleciendo los canales de comunicación entre las autoridades competentes para garantizar la acción coordinada en todo el territorio nacional y mantener un estricto control y supervisión de las armas.

Es por esto que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que tiene como misión garantizar la legalidad y eficiencia de este sector, promueve estándares de calidad y cumplimiento normativo.

Así, lidera un protocolo interinstitucional para formalizar el procedimiento de bloqueo operativo, la custodia preventiva y el seguimiento administrativo de las diferentes armas de fuego involucradas en procesos sancionatorios.

Estas medidas, que fortalecen la supervisión y protegen a la ciudadanía, servirán como herramientas adicionales para la legalidad y transparencia institucional, así como para cerrarle el paso a las intenciones de estructuras del crimen organizado que pretenden infiltrar el sector de la vigilancia privada.

Se cumple así con los artículos 80 y 81 del Decreto Ley 2535 de 1993 y con la Circular Externa Conjunta 20224100000195, que regula los conceptos previos de armas para servicios de vigilancia y seguridad privada.