Desde el 11 de julio de 2025, el doctor Larry Sadit Álvarez Morales lidera la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, designado por el presidente Gustavo Petro para impulsar una nueva etapa institucional basada en la legalidad, la transparencia y la modernización del sector.

Con más de 13 años de trayectoria en el sector público, el Superintendente Álvarez es abogado de la Universidad Popular del Cesar, especialista en Derecho Procesal, magíster en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario, y actualmente adelanta estudios de Doctorado en Derecho en la Universidad Católica de Colombia. Su formación lo posiciona como un líder técnico, ético y comprometido con la transformación del Estado.

Su experiencia incluye cargos directivos en entidades como Colombia Compra Eficiente, donde lideró procesos de contratación estratégica y abastecimiento con enfoque en eficiencia y legalidad, así como en el INVIMA, donde dirigió operaciones y fortaleció la responsabilidad sanitaria a nivel nacional. También ha ocupado cargos en el IDRD, la Gobernación del Guaviare y la Alcaldía de El Paso (Cesar), lo que le ha permitido tener una visión integral del funcionamiento del Estado, tanto a nivel nacional como territorial.

Como Superintendente, su misión está centrada en fortalecer la función misional de regulación, vigilancia y control del sector, con un enfoque técnico, transparente y proactivo, que garantice el cumplimiento de la ley y una supervisión efectiva sobre las empresas que conforman el sector de la seguridad privada en Colombia.

Entre sus principales retos estratégicos se encuentran fortalecer la función regulatoria y de vigilancia del sector, bajo criterios técnicos, trazabilidad y legalidad; coordinar de manera articulada con las entidades públicas con competencia e injerencia en el sector de la seguridad, tanto a nivel nacional como regional, para asegurar una supervisión efectiva del servicio en el territorio; impulsar la digitalización y simplificación de trámites que faciliten el cumplimiento normativo por parte de las empresas; promover canales de comunicación y diálogo con los gremios y actores del sector, fortaleciendo la confianza y la corresponsabilidad; y recuperar la confianza ciudadana e institucional, reafirmando el compromiso de la Superintendencia con la legalidad, la eficiencia y el servicio público.